Que mejor coyuntura para explorar las pulsaciones de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (ley 1448/ 2011) luego de diez años de su implementación, precisamente, plazo transicional de ejecución que se contempló y que recientemente fue prorrogado por la Ley 2078/2021 hasta el año 2031.
Génesis cifras del despojo
Hasta antes de su sanción (década de los 90 y 2000), analistas agrarios contaban sólo con fuentes cualitativas para avizorar cifras acerca de la magnitud del despojo de tierras en Colombia. Percepciones muy lejanas entre sí que dan cuenta de la amplia brecha entre las ópticas. Era un escenario donde no existían censos, encuestas representativas, ni evidencias a gran escala de estas violaciones.
Estudios de la economista Ana María Ibañez (2005, 2006, 2007) estimaron en 1.2 millones de hectáreas despojadas. La desaparecida Acción Social aproximó una cifra de 6.8 millones y el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (MOVICE), expresó hacia el año 2011, sin pruebas concretas, que administraban un catastro alternativo de 10 millones de hectáreas despojadas.
Despojo (Ley 1448/2011)
Ahora y luego de 10 años de implementación de la ley 1448/2011, el país por medio de la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras (URT) cuenta con más de 140.000 solicitudes de ingreso al Registro de Tierras Desojadas. Pero, el acceso a una solicitud, per se, a nadie se le niega, así que, verdaderamente luego de una década, ¿cuál es realidad la realidad colombiana del despojo y abandono de tierras?
Según reportes oficiales no divulgados por el Gobierno Nacional, sino por organismos de control, veedurías y entes no gubernamentales, en promedio, de cada 100 solicitudes recibidas por la URT, sólo 40 obtienen una decisión favorable de inclusión el Registro de Tierras Despojadas.
Del 60% restante sería errado generalizar que corresponden a falsas víctimas. Cada caso denegado es la descarnada fotografía de un campesino sobreviviente: históricamente desprovisto de una justicia legitima rural, coaccionado por autoridades legales e ilegales, con tierras desvalorizadas (no solo a razón de la violencia), con vías terciarias de bajísima calidad y según cifras del último Censo Agropecuario del DANE (2014) con tan sólo el 10% de los campesinos con asistencia técnica en algún momento de sus vidas.
Paradójicamente, la anterior también es la realidad en que los beneficiarios de decisiones favorables de restitución encontrarán las veredas que otrora abandonaron. Son conscientes que reiniciar sus vidas bajo la radiografía actual del sector rural es muy complejo. Además, envejecieron, enfermaron, sus descendientes tomaron otros rumbos y sienten que se encuentran en su última milla. Estamos frente a un escenario complejo donde las familias que abandonaron sus tierras dudan volver y los que se quedaron van desertando de a poco.
Partiendo de las 1.5 millones de hectáreas aproximadas solicitadas durante los primeros 10 años de la ley 1448/2011 y refinando el resultado con fundamento en el promedio de decisiones desfavorables, nos atrevemos a concluir que el número de hectáreas tramitadas judicialmente por despojos y abandonos acaecidos a partir del 1 de enero de 1991, no superará las 1.2 millones de hectáreas (incluiría territorios colectivos de comunidades indígenas y negras).
Censo Agropecuario
Para ampliar el espectro de análisis, revisemos estas cifras en contraste con algunos resultados del reciente Censo Agropecuario adelantado por el DANE en el año 2014. Contabilizó que las hectáreas con potencialidad agropecuaria corresponden a 42,3 millones. De éstas, sólo 8,4 millones se destinan a la agricultura. Las restantes, 33,8 millones, se dedican a pastos. Si partimos de la estimación de un millón de hectáreas a restituir, esta cifra correspondería al 11,9% de las tierras dedicadas a la agricultura y tan solo el 2,3% al reglón agropecuario (cultivos y/o ganadería).
Que solo el 2,3% de las tierras clasificadas como agropecuarias puedan corresponder a casos de despojo y abandono, nos dice que el fenómeno es complejo pero menor a lo presupuestado en las últimas tres décadas. Bajo este escenario, resulta retador para cualquier política rural que se implemente, grande en lo absoluto y pequeña en lo relativo, que obtenga resultados de impacto regional prolongado.
A pesar de estas proporciones, la política de restitución de tierras seguirá dando de qué hablar por varios años. En el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz se ha convertido en la piedra angular del postconflicto y de la discordia. Antes que todo, porque desde su foco busca cerrar la brecha de las injusticias creadas por los vivos contra los muertos (las víctimas); además, porque en medio de un desierto de dificultades está trabajando por llevar justicia social al campo y hacerla sostenible.
Conclusión
Con este panorama de bajos índices relativos de solicitudes por despojo y abandono de tierras y débil presencia del Estado en las regiones, el impacto de la política de restitución tiene en riesgo su sostenibilidad. El primer factor no es controlable, pues corresponde al fenómeno en sus reales proporciones. Pero el segundo, puede abordarse con una verdadera e integral voluntad política, que permita llevar bienes públicos y medidas de inclusión a las poblaciones rurales en tiempos razonables.
De lo contrario, con tibias voluntades que apuestan por una política pública, pero que dejan la implementación a merced de corruptos y burócratas, es factible que dentro 20 años continuemos diagnosticando las mismas patologías del campo y con medidas de restitución que se diluyeron en el camino.
Por: Sergio Rodriguez